*El diputado González Cruz (PVEM) impulsa reformas a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
El diputado Luis Arturo González Cruz (PVEM) impulsa una iniciativa para que las entidades federativas establezcan un porcentaje mínimo obligatorio de por lo menos diez por ciento del total del parque vehicular en operación destinado a la prestación de los servicios de transporte público individual de pasajeros, con las condiciones adecuadas para el uso de personas con discapacidad y movilidad limitada.
La propuesta de reforma al artículo 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, precisa que dichos vehículos deberán estar acondicionados con ayudas técnicas, conforme a la normatividad aplicable y las condiciones de operación adecuadas que permitan el óptimo servicio para que las personas con discapacidad y movilidad limitada puedan utilizarlo con seguridad, comodidad, higiene y eficiencia.
El documento, turnado a la Comisión de Movilidad, aclara que el porcentaje del diez por ciento del parque vehicular deberá actualizarse gradualmente.
En su argumentación, destaca que uno de los grandes retos que el derecho a la movilidad enfrenta es la accesibilidad en condiciones de igualdad a toda la población, sin distinciones que tengan que ver con la situación económica, lugar de residencia, edad, condición física o de salud de las personas.
Subraya que no es un tema menor la atención al rubro de la movilidad, cuando se tiene una tendencia global hacia el aumento de las aglomeraciones urbanas, lo que implica numerosos retos asociados a que más de la mitad de la población mundial reside actualmente en zonas urbanas, lo que en México alcanza hasta un 79 por ciento.
En el país, a pesar de los esfuerzos de algunas entidades federativas, no existe de manera generalizada un transporte público individual de pasajeros adaptado con estas características, en una nación con más de 7 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 41 por ciento no puede realizar actividades de la vida cotidiana como caminar, subir o bajar, menciona el texto.
Un ejemplo, agrega, es la capital mexicana, con 9 millones de habitantes y más de 370 mil personas con limitaciones para caminar o moverse, donde circulan alrededor de 133 mil 628 taxis de calle con permiso para operar; sin embargo, se calcula que las personas con discapacidad realizan 4 mil 270 viajes diarios en taxis que no se encuentran adaptados para este grupo poblacional.
“El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha los primeros 100 taxis preferentes en la capital, cifra insignificante para la demanda, lo que lleva a que entes particulares ofrezcan este servicio a costos elevados, que van desde los 300 pesos por hora de traslado, lo que se vuelve incosteable para la amplia mayoría de la población”, refiere.
Indica que los servicios de transporte no cuentan con diseños universales, con condiciones mínimas de seguridad ni con ayudas técnicas para las personas con discapacidad, lo cual se puede observar en todos los modos de transporte de pasajeros disponibles y en sus distintas estaciones, aceras y paraderos, donde hay falta de entradas accesibles, ascensores, escaleras eléctricas funcionales, rampas y asientos de uso prioritario con aseguramientos para sillas de ruedas.
Ello impide la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad, así como el ejercicio del derecho humano a la movilidad, asegura.
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