Francisca Meza Carranza
Chilpancingo, Gro., 25 de marzo (PlanB).-El diputado de Morena, Juan Valenzo Villanueva, propuso exhortar a los 84 ayuntamientos y al Concejo Comunitario de Ayutla a que garanticen la accesibilidad de la infraestructura pública para personas con discapacidad (pcd), y a llevar a cabo las acciones necesarias para ello, desde la revisión y adecuación, hasta sanciones a quienes bloqueen el paso en rampas y banquetas.
Al presentar un punto de acuerdo en tribuna, el diputado, usuario de silla de ruedas, manifestó que hay una deuda en cuanto a garantizar la movilidad libre y segura para las personas con discapacidad que en Guerrero, informó, son más de 600 mil.
«Enfrentamos calles intransitables, banquetas ocupadas, rampas inexistentes y mal diseñadas, obstáculos, que nos obligan arriesgar la vida transitando por zonas vehiculares”, expresó.
Dijo que no garantizar el derecho al acceso a la infraestructura es discriminar y excluir, y no se pueden ignorar las necesidades de ese sector.
«Hago un llamado a mis compañeras y compañeros legisladores, autoridades municipales y a la sociedad en general a que garanticemos que la movilidad sea un derecho para todas y todos, es el momento de actuar”, expresó.
En la argumentación del punto de acuerdo, turnado a las comisiones unidas de Transportes y de Atención a Personas con Discapacidad, se indica que la accesibilidad en las vías públicas es crucial para garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad.
“Al diseñar y construir ciudades que sean accesibles para todos, se está promoviendo un entorno más justo y equitativo, donde cada individuo pueda desarrollar su potencial al máximo y participar activamente en la vida comunitaria”, dice.
Especifica que la importancia de la accesibilidad va más allá de facilitar la movilidad física, pues se trata de garantizar el acceso a todos los servicios y espacios públicos en igualdad de condiciones.
Menciona que situaciones como escaleras en banquetas, puestos ambulantes, comercio informal, banquetas en mal estado, obstrucción de rampas, macetas, jardineras y postes que afectan, son algunos de los problemas, no obstante, también reflejan una omisión de las autoridades municipales para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de igualdad.
“La falta de accesibilidad impacta negativamente no solo en las personas en situación de discapacidad, sino también en sus familias y en la sociedad en su conjunto, al perpetuar la exclusión y limitar las oportunidades de participación social, educativa y laboral de este sector vulnerable”, indica.
Con el punto de acuerdo de cuatro puntos se busca exhortar a los ayuntamientos y al Concejo a garantizar la accesibilidad, realizar adecuaciones necesarias en vías principales, reglamentar la accesibilidad en el ámbito de su competencia y aplicar sanciones a quienes bloqueen o invadan banquetas, con previa notificación.
