Es imperativo que los funcionarios públicos que diseñan y administran estos programas comprendan las realidades a las que se enfrentan las personas con discapacidad.
Por Miguel Ángel Millán*
* Miguel Ángel Millán es interventor educativo con discapacidad y asesor en tecnología adaptada.
En teoría, los programas de asistencia para personas con discapacidad en México están diseñados para ofrecer un soporte crucial a quienes más lo necesitan, sin embargo, en la práctica, la realidad es muy diferente. La burocracia, con su interminable lista de trámites y requisitos, se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para la inclusión efectiva, transformando lo que debería ser un proceso de apoyo en una odisea agotadora y, en muchos casos, inalcanzable.
Imaginemos el escenario. Una persona con discapacidad, ya sea motora, visual, auditiva o cognitiva, necesita acceder a un programa de asistencia pública. El primer desafío es llegar a las oficinas donde se realizan los trámites. Muchas de estas instituciones están ubicadas en lugares de difícil acceso, ya sea porque están en zonas alejadas o mal conectadas por el transporte público. Para alguien con movilidad reducida, por ejemplo, esta tarea es especialmente ardua. El transporte público, que en muchas ciudades del país ya es deficiente para la población en general, es prácticamente inexistente o inadecuado para personas con discapacidad. Esto obliga a muchos a depender del transporte privado, lo que representa un gasto adicional significativo que no todos pueden costear.
Llegar al destino no es el fin de los problemas. Una vez en las oficinas, se encuentran con instalaciones que no son accesibles. Escaleras sin rampas, puertas estrechas, baños no adaptados, y una falta general de señalización para personas con discapacidad visual o auditiva son solo algunas de las barreras físicas que deben enfrentar. Todo esto antes de siquiera comenzar con los trámites.
Y es aquí donde la burocracia muestra su rostro más implacable. La cantidad de papeleo requerido para acceder a los apoyos es abrumadora. Documentos que deben presentarse repetidamente, certificados médicos que deben renovarse constantemente, y requisitos que parecen diseñados más para excluir que para incluir, son solo algunos ejemplos. La situación se agrava cuando se exige la presencia física de la persona para cada trámite, ignorando por completo las limitaciones que su discapacidad pueda imponerle.
El resultado es que muchas personas con discapacidad, que deberían ser las primeras en beneficiarse de estos programas, se quedan sin apoyo. Los trámites son tan complejos, largos y costosos que, para muchos, simplemente no vale la pena o es imposible completarlos. Y así, la asistencia pública, que en teoría debería ser un salvavidas, se convierte en un privilegio inaccesible.
Esta realidad es un recordatorio doloroso de que la inclusión no se logra con la simple existencia de programas de apoyo, sino con la eliminación de barreras que impiden que esos programas lleguen a quienes más los necesitan. Es imperativo que los funcionarios públicos que diseñan y administran estos programas comprendan las realidades a las que se enfrentan las personas con discapacidad.
Invito a cualquier funcionario encargado de estos trámites a ponerse en los zapatos de una persona con discapacidad. Que intenten realizar un trámite desde el inicio hasta el final, enfrentando las mismas barreras físicas y burocráticas. Solo entonces podrán comprender el calvario que representa, y tal vez, se den cuenta de la necesidad urgente de simplificar estos procesos y de hacerlos verdaderamente accesibles. Porque, en última instancia, la burocracia no debería ser un obstáculo para la inclusión, sino una herramienta para facilitarla.
