*En nuestra sociedad, a las personas con discapacidad se les ha enseñado a conformarse, a ser «agradecidas», y a no hacer ruido.
Por Miguel Ángel Millán*
* Miguel Ángel Millán es interventor educativo con discapacidad y asesor en tecnología adaptada.
En un país donde la corrupción institucional, las negligencias por parte de las autoridades y el abuso familiar parecen formar parte del paisaje cotidiano, resulta alarmante el silencio que guarda uno de los sectores más vulnerables: las personas con discapacidad. No es que no existan los abusos, sino que rara vez llegan a oídos de quienes podrían intervenir. Las denuncias son escasas y, cuando ocurren, muchas veces no prosperan.
Pero, ¿por qué este silencio? La primera razón tiene que ver con la falta de apoyo colectivo. Las personas con discapacidad, a diferencia de otros grupos sociales organizados, carecen de una red sólida de respaldo. No existe un movimiento suficientemente fuerte y coordinado que les respalde al momento de alzar la voz.
Esto las deja aisladas frente a las instituciones, sin eco social que presione o respalde su palabra. En muchos casos, el temor no es solo hacia la represalia, sino a que no pase absolutamente nada, y que el esfuerzo de hablar termine en frustración.
Otra razón es la dependencia estructural. Muchas personas con discapacidad dependen de programas públicos, apoyos gubernamentales, o incluso de sus propias familias para subsistir. Denunciar a quienes tienen el control de estos recursos puede poner en riesgo su ya precaria estabilidad. En contextos donde el acceso al trabajo, la educación o la vivienda ya es difícil, el miedo a perder lo poco que se tiene se convierte en un candado silencioso.
La negligencia institucional también juega su parte. Denunciar no solo es riesgoso, sino también complicado. Las rutas legales están llenas de obstáculos burocráticos, y muchas veces no están adaptadas para personas con discapacidad. Formular una denuncia puede implicar traslados imposibles, formatos inaccesibles, e inclusive enfrentar a funcionarios que no están capacitados para atender su situación. El mensaje es claro: denunciar es un privilegio, no un derecho efectivo.
En el entorno familiar tampoco hay garantías. El abuso por parte de familiares es una de las realidades más dolorosas, y también de las más invisibles. Al estar en casa, muchas personas con discapacidad no tienen redes externas que les permitan contrastar o identificar que lo que viven es abuso. Y si lo identifican, muchas veces callan por temor a quedarse solas, sin cuidados o incluso sin hogar. La dependencia emocional, económica y física es una barrera tremenda para decir «basta».
Finalmente, hay una dimensión cultural que no podemos ignorar. En nuestra sociedad, a las personas con discapacidad se les ha enseñado a conformarse, a ser «agradecidas», y a no hacer ruido. Esta narrativa paternalista ha calado hondo, al grado que muchas personas interiorizan la idea de que no merecen exigir justicia, que deben aguantar porque «hay otros peores» o porque «al menos tienen algo». Esta resignación disfrazada de humildad perpetúa los abusos.
Romper este silencio no es tarea individual, sino colectiva. Es urgente que las personas con discapacidad se articulen, pero también que otros sectores sociales se sumen a su causa. Que los medios visibilicen sus denuncias, que las leyes se adapten realmente a sus necesidades, y que la sociedad deje de verlas como beneficiarias de caridad y las reconozca como sujetos de derechos.
El silencio que hoy impera no es una elección, sino una consecuencia de un sistema que castiga la denuncia y premia la sumisión. Transformar esta realidad exige más que empatía: requiere acción, compromiso y una voluntad colectiva de garantizar que alzar la voz no sea un acto de valentía, sino un derecho protegido para todos.
