El derecho a la educación inclusiva: más voluntad y menos excusas 

Por Miguel Ángel Millán*

* Miguel Ángel Millán es interventor educativo con discapacidad y asesor en tecnología adaptada.

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En México febrero marca el periodo de inscripciones escolares para los niveles básicos de educación, sin embargo, aunque la Constitución establece que la educación es un derecho universal, muchos niños con discapacidad se encuentran con la dura realidad de que este derecho no siempre se respeta. 

Para muchas familias, el primer obstáculo no es la condición de su hijo, sino la negativa de las escuelas a recibirlos. Las direcciones argumentan que no cuentan con personal capacitado para atender a alumnos «especiales», que la infraestructura no es accesible, que los demás niños pueden ser crueles o que simplemente no tienen los recursos para ofrecer materiales adaptados. Estas razones no solo son excusas injustificadas, sino que también vulneran el derecho fundamental de cada niño a recibir educación. 

El artículo 3° de la Constitución Mexicana establece que toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna. A su vez, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en México refuerza esta obligación, garantizando que el Estado debe proporcionar las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad accedan y permanezcan en el sistema educativo. 

Entonces, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Existen múltiples alternativas para superar estos obstáculos. En cuanto a la falta de personal capacitado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe reforzar los programas de formación docente para que los maestros tengan conocimientos básicos sobre inclusión. También se pueden establecer alianzas con organizaciones especializadas para capacitar a los docentes y personal administrativo. 

Respecto a la accesibilidad, si la escuela no cuenta con infraestructura adecuada, una solución inmediata es asignar el salón de clases más cercano en la planta baja para evitar el uso de escaleras. Además, es fundamental la gestión de los directivos para solicitar recursos que permitan mejorar las condiciones de accesibilidad escolar a mediano y largo plazo. Con estos recursos, se pueden realizar adaptaciones como la instalación de rampas, baños accesibles y adecuaciones en los espacios comunes para facilitar la movilidad de los estudiantes con discapacidad. 

Sobre la preocupación de que los demás alumnos puedan ser crueles, es crucial fomentar una cultura de inclusión y respeto dentro de las aulas. La educación sobre la discapacidad y la empatía desde edades tempranas puede transformar la manera en que los niños interactúan con sus compañeros con discapacidad. La convivencia cotidiana con ellos no solo beneficia al estudiante con discapacidad, sino que también enriquece a toda la comunidad escolar, promoviendo valores de solidaridad y respeto. 

Finalmente, la falta de material adaptado no debería ser un impedimento. En la actualidad, existen muchas opciones tecnológicas y metodológicas que facilitan el acceso a la educación, desde el uso de dispositivos electrónicos con software de apoyo hasta materiales en Braille o en formatos de lectura fácil. 

El primer paso hacia la verdadera inclusión es la voluntad de hacer las cosas y la empatía por otro ser humano. Brindar a un niño con discapacidad la oportunidad de estudiar no solo es un acto de justicia, sino que también puede ser un estímulo para toda la comunidad educativa, enseñando que la diversidad es una riqueza y no una carga. La educación inclusiva no es un favor ni una concesión, es un derecho que debe respetarse y garantizarse sin excepciones. 

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