Por Miguel Ángel Millán
* Miguel Ángel Millán es interventor educativo con discapacidad y asesor en tecnología adaptada.
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Las políticas públicas enfocadas en la discapacidad son esenciales para construir una sociedad verdaderamente inclusiva. En el estado de Guerrero, se ha intentado avanzar en esta dirección a través de consultas ciudadanas con personas con discapacidad, pero los recientes eventos sugieren que hay un largo camino por recorrer para que estas consultas sean efectivas y realmente incluyentes.
En octubre de 2023 se llevó a cabo una consulta ciudadana en Guerrero para discutir la Educación Inclusiva, en Ley de Educación del Estado de Guerrero. Este evento reunió a muchas personas con diversas discapacidades, quienes expresaron sus necesidades y opiniones sobre cómo debería ser la educación inclusiva en el estado. Sin embargo, a pesar de las promesas de que sus voces serían escuchadas, los resultados no reflejan esa intención.
La reforma en materia de Educación Inclusiva se aplicó a la Constitución del Estado sin haber sido revisada por los participantes de la consulta. No hay constancia de que se hayan tomado en cuenta las opiniones y necesidades expresadas. Esto es un claro ejemplo de cómo en México, a menudo, las leyes están redactadas de manera ideal en el papel, pero su implementación deja mucho que desear.
Si las leyes se aplicaran tal como están escritas, México sería un modelo de inclusión. Lamentablemente, la realidad es otra.
Más recientemente, en mayo de este año, se realizó otra consulta ciudadana sobre tres leyes cruciales: la Ley de Atención a Personas con Autismo, la Ley de Movilidad y Transporte, y la Ley de Consultas Ciudadanas a Personas con Discapacidad. Esta consulta fue convocada con solo dos días de anticipación, sin informar personalmente a los asistentes de la consulta anterior, a pesar de contar con una base de datos de los participantes. Esto dejó a muchas personas sin conocimiento de la consulta y, por ende, sin la oportunidad de participar.
Además, los documentos relacionados con las leyes propuestas no fueron compartidos con los interesados ni difundidos en formatos accesibles. Esta falta de transparencia y accesibilidad es un obstáculo significativo para la participación efectiva de las personas con discapacidad. Como resultado, solo unas pocas personas pudieron asistir, y aquellas que lo hicieron lo hicieron sin estar debidamente informadas sobre los contenidos de las leyes que se estaban discutiendo.
Estas consultas, realizadas apresuradamente debido a que la LXIII legislatura del congreso de Guerrero está por concluir, parecen más un esfuerzo por cumplir con una agenda legislativa que un verdadero compromiso con la inclusión. La prisa y la falta de consideración por los tiempos y formas adecuados ponen en riesgo la calidad y la efectividad de las leyes que afectan directamente a la vida de las personas con discapacidad.
Lo más preocupante es que las necesidades y opiniones expresadas en estas consultas no parecen estar reflejadas en las leyes resultantes. Esto es un indicativo de que las consultas fueron, en gran medida, un trámite simbólico más que un proceso de participación genuina.
Las leyes que afectan a la comunidad con discapacidad deben ser formuladas con su activa participación y deben reflejar sus verdaderas necesidades y realidades.
Este es un llamado de atención a la sociedad en general y a los legisladores en particular. La inclusión no puede ser un mero concepto en el papel; debe ser una práctica real y efectiva. Las personas con discapacidad han sido históricamente marginadas, y continuar este patrón mediante procesos de consulta mal manejados solo perpetúa esa exclusión.
Es fundamental que las consultas ciudadanas sean transparentes, accesibles y genuinamente participativas. Las leyes resultantes deben ser revisadas y aprobadas con la participación activa de quienes serán afectados por ellas. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde todos tengan la oportunidad de contribuir y ser escuchados.
Recordemos que nadie está exento de vivir algún día con una discapacidad. Las decisiones que tomemos hoy en materia de políticas públicas de discapacidad no solo afectan a una minoría, sino que potencialmente nos afectan a todos. La inclusión es un derecho, no un favor, y es responsabilidad de todos asegurarnos de que se cumpla de manera efectiva y respetuosa.
