Es imperativo que la sociedad y las instituciones financieras reconozcan y respeten el derecho de las personas con discapacidad a administrar sus propios recursos.
Por Miguel Ángel Millán*
* Miguel Ángel Millán es interventor educativo con discapacidad y asesor en tecnología adaptada.
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En fechas recientes, el programa Pensión Bienestar del gobierno federal mexicano ha comenzado a otorgar apoyos económicos a las personas con discapacidad, reconociendo así su derecho a una vida digna y autónoma. Este programa, aunque es un paso significativo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de que las personas con discapacidad puedan administrar sus propios recursos económicos, sin ser objeto de infantilización o restricciones innecesarias.
La libertad financiera se define como la capacidad de una persona para controlar sus propios recursos económicos, tomar decisiones informadas sobre su uso y planificar su futuro sin depender completamente de otros. Para las personas con discapacidad, alcanzar esta libertad es fundamental no solo para su independencia económica, sino también para su autoestima y dignidad.
Uno de los aspectos clave de la libertad financiera es la posibilidad de acceder y utilizar aplicaciones bancarias. En un mundo cada vez más digital, las aplicaciones bancarias se han convertido en herramientas indispensables para la gestión de nuestras finanzas. Sin embargo, es esencial que estas aplicaciones sean accesibles para todos, independientemente de si tienen alguna discapacidad.
La accesibilidad incluye características como lectores de pantalla para personas ciegas, subtítulos para personas sordas y una interfaz intuitiva para aquellos con discapacidades cognitivas.
Lamentablemente, persiste la idea errónea de que las personas con discapacidad no son capaces de administrar sus propios recursos. Esta percepción se basa en prejuicios y estereotipos que infantilizan a estas personas, tratándolas como eternos dependientes. Este enfoque no solo es discriminatorio, sino que también impide que las personas con discapacidad desarrollen habilidades financieras y tomen el control de sus vidas.
La libertad financiera y el derecho a la autonomía económica están protegidos por la ley. Por ejemplo, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU establece que las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Esto incluye la gestión de sus propios bienes y recursos económicos.
Consideremos el caso de Laura, una joven ciega que recibe la Pensión Bienestar. Laura ha aprendido a utilizar aplicaciones bancarias accesibles que le permiten gestionar su cuenta, pagar sus facturas y ahorrar para sus metas futuras. Gracias a estas herramientas, Laura no solo ha ganado independencia económica, sino que también ha podido planificar sus estudios universitarios, demostrando que la accesibilidad y la confianza en las capacidades de las personas con discapacidad son cruciales.
Es imperativo que la sociedad y las instituciones financieras reconozcan y respeten el derecho de las personas con discapacidad a administrar sus propios recursos. Esto no solo incluye proporcionar apoyos económicos como la Pensión Bienestar, sino también garantizar que las herramientas financieras sean accesibles y libres de barreras.
Combatir la infantilización y promover la autonomía económica no solo es un acto de justicia, sino también un paso esencial hacia una sociedad verdaderamente inclusiva. Al empoderar a las personas con discapacidad para que tomen el control de sus finanzas, estamos reconociendo su capacidad, dignidad y derecho a una vida plena.
