Asistencia sexual a personas con discapacidad: qué es y cómo se regula en España

Nota: Onda Cero

El discurso del actor Telmo Irureta en los Premios Goya defendiendo el «derecho a la sexualidad» de las personas con discapacidad ha generado una gran controversia entre partidarios de la asistencia sexual a personas con diversidad funcional y quienes creen que es un modo de prostitución encubierta.

¿Existe el derecho a tener sexo? ¿Debe el Estado garantizar el acceso al sexo igual que garantiza el acceso a la sanidad o la educación? Este es el debate que se ha abierto tras las declaraciones del actor con parálisis cerebral Telmo Irureta en su discurso al recoger el premio a mejor actor revelación en los Goya.

El intérprete reivindicó el «derecho a la sexualidad» de las personas con discapacidad y aseguró que había recurrido a la prostitución.Irureta terminó su discurso con un mensaje contundente que se hizo viral rápidamente: «las personas con discapacidad también existimos y también follamos».

Sus palabras fueron muy aplaudidas por los asistentes a la gala, pero también han generado una gran controversia en torno a si la asistencia sexual a personas con diversidad funcional es o no un derecho.

Qué es la asistencia sexual y cómo se regula en España

La asistencia sexual a personas con discapacidad no está regulada de forma específica en España, como sí lo está en otros países europeos como Bélgica, Alemania, Suiza o Dinamarca.

Francia, por su parte, estudia legalizar el oficio de asistente sexual.Existen diversas asociaciones y proyectos en España que promueven la asistencia sexual entendida como un «apoyo instrumental» para que las personas con discapacidad puedan explorar sexualmente su cuerpo o el de otra persona.

El asistente sexual es una figura que «apoya a la persona con diversidad funcional para que pueda tener sexo consigo mismo, ya sea mediante la autoexploración o la masturbación», explica en una entrevista Antonio Centeno, responsable de la plataforma asistenciasexualorg.

Actualmente, hay 250 personas anunciadas que ofrecen sus servicios como asistente sexual en esta plataforma, donde también figura el precio por realizar este «acompañamiento íntimo».Centeno, que sufre tetraplejia desde los 13 años, defiende que la asistencia sexual «no es una intervención terapéutica, si no un apoyo instrumental para hacer posible la forma de autonomía de las personas con discapacidad», que es, aclara, «hacer cosas con las manos de otras personas y sus propias decisiones».

«La asistencia sexual tiene que ver con el ‘autoerotismo’, con acceder a su propio cuerpo; no con acceder al cuerpo del asistente», señala.

En esta misma línea se pronuncia la entidad sin ánimo de lucro de Atención a la Parálisis Cerebral de España (ASPACE), que pide regular la asistencia sexual como forma de apoyo y sin que incluya las relaciones directas. «Es importante que a la hora de definir esta figura se haga de forma separada a la prostitución», explica la delegada de Derechos Humanos y Coordinadora de Incidencia de ASPACE, Ángeles Blanco, en declaraciones a Europa Press.

La sombra de la prostitución

Frente a quienes defienden el «derecho» a la sexualidad de las personas con diversidad funcional, muchos colectivos feministas y asociaciones de personas con discapacidad denuncian que esta práctica no es más que una forma de prostitución encubierta.

Ana Pollán, filósofa feminista con parálisis cerebral, cree que «la asistencia sexual es indiscernible de la prostitución porque el fin es el mismo: asegurar un contacto sexual a cambio de dinero». Así lo argumenta en una ponencia en la que defiende que el «hecho de que un hombre con discapacidad no pueda ejercer violencia física y sometimiento contra una mujer por sus limitaciones físicas, no implica menos dominación que el hecho de subyugar a una persona que no desea ese contacto sexual a cambio de un precio».

Ana destaca que «el 90% de la demanda de la asistencia sexual está capitalizada por los hombres que solicitan mujeres» y al existir un «intercambio de dinero explícito» esta práctica «se equipara a cualquier tipo de prostitución siendo un privilegio masculino».Otra evidencia de que la asistencia sexual es un modo de prostitución, argumenta, es que «la satisfacción no tiene que ser recíproca, si no exclusivamente de quien tiene el poder (quien paga)»: «Compran el derecho de tener poder sexual sobre las mujeres con independencia del deseo y la voluntad de ellas».

Asimismo, Ana considera que la asistencia sexual «refuerza los prejuicios contra las personas con discapacidad» ya que «se justifica argumentando que estas personas tienen dificultad para satisfacer su deseo sexual y aun más para encontrar una pareja afectivo-sexual», algo que, asegura, «no es cierto en la mayoría de los casos».

El Gobierno no prevé regular la figura del asistente sexual

La regulación de la figura del ‘asistente sexual’ es la principal demanda de los colectivos de personas con discapacidad partidarios de esta práctica. Sin embargo, esta no es una cuestión que esté «en la agenda» del Gobierno, según ha asegurado el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad Jesús Martín Blanco, porque necesita «una reflexión muy profunda» y en este momento tiene prioridad desplegar la figura del asistente personal.»No tenemos un posicionamiento sobre ese tema, es un tema muy complejo, hablar de asistente sexual necesita una reflexión muy profunda.

La asistencia personal, que sí es una figura en la que estamos trabajando, hay que ver qué espacios debe abordar en relación a la persona que asiste. Otro tipo de figuras o subfiguras ahora mismo no está en la agenda, porque estamos en un paso previo», ha explicado Jesús Martín Blanco en una entrevista con Europa Press.Sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, Martín Blanco ha reconocido que siempre ha sido «un tema oscuro y prohibido» porque se ha visto a las personas con discapacidad «en una infancia perpetua»; y ha advertido de que, «con ese ánimo de proteger, en muchos casos, han anulado una dimensión muy importante del desarrollo humano: la sexualidad».

El director general de discapacidad ha precisado que la sexualidad en las personas con diversidad funcional sigue siendo «una asignatura pendiente en la agenda pública por ese afán social de protegerles, anulando su voluntad».

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