Nota Francisca Meza / Fotografía Jesús Saavedra.
Chilpancingo, 24 ene. (PlanB).- Niños y niñas de entre 11 y 15 años fueron armados para cuidar su comunidad, Ayahualtempa, municipio José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), mientras los adultos se dedican a buscar a una familia, desaparecida desde el viernes 19 de enero.
Este miércoles en esa comunidad indígena, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores(CRAC-PF) tomaron protesta como miembros a un grupo de 15 niños y 5 niñas, a quienes armaron, aunque algunos sólo tenían carrizos a manera de rifles.
El integrante de la CRAC-PF, Luis Morales Rojas, miembro del Consejo del Gobierno Náhuatl, dijo que los jóvenes de mayor edad se integrarán a la búsqueda de cuatro integrantes de una familia que fue secuestrada el pasado 19 de enero, y que los demás harán labores de vigilancia.
A los niños se les capacitó en el manejo de armas como rifles calibre 22; escopetas de calibres 20, 16, y 410, así como pistolas.
En el acto llevado a cabo durante la asamblea a la que asistieron la mayoría de los cerca de mil asistes de origen nahua, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que ayuden a la localización de la familia indígena integrada por Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años; su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años, quienes el viernes 19 enero fueron secuestrados en el punto conocido como Zacatepec, donde pastoreaban su ganado.
En la cancha del poblado los menores, la mayoría con rifles y escopetas, aunque algunos tienen carrizos, demostraron movimientos de entrenamiento armado.
La decisión de integrar a niños a la CRAC-PF fue tomada en la asamblea efectuada el lunes por el Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, el Comisariado de Bienes Comunales, comisarios municipales y la CRAC-PF, ante el resurgimiento de la violencia que ha permeado en municipios colindantes con la región Montaña, de la que responzabilizan al grupo delictivo Los Ardillos.
“Los que nos están acribillando, los que nos están secuestrando a nuestra gente es el líder de Los Ardillos, tenemos el conocimiento de que hay comunidades que están controladas por ellos, pero nosotros no hemos provocado a nadie, nos provocan a nosotros, por eso pedimos a los tres niveles de gobierno que nos apoyen con esa seguridad”, expresó Morales Rojas.
Tras la asamblea, las autoridades comunitarias reiteraron que la actuación de su policía es legal por lo que exigieron respeto y que ninguna autoridad los acuse.
“Recordamos a los tres niveles de gobierno que la actuación de la Policía Comunitaria es legal, la ley reconoce su función como actos de autoridad, tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados entre los que destacan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, la Ley de Seguridad Publica del Estado de Guerrero así como el Convenio, 169, de la OIT”, indicaron.
En esa zona se ha integrado a niños a la Policía Comunitaria por la inseguridad entre la que viven y que ha sido constantemente denunciada, sin que hasta la fecha tengan garantías de seguridad.
En junio del 2019 se integraron 19 niños y en 2020 fue presentado otro grupo, que fueron desincorporados en 2022, cuando funcionarios de los gobiernos federal y estatal encabezaron una reunión en la que se comprometieron a brindar seguridad con militares, Guardia Nacional y la Policía Estatal.
