Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 10 de marzo (PlanB).- Organizaciones y ejidatarios de Carrizalillo, iniciaron una campaña de recolección de firmas para una carta que han enviado al presidente de la compañía minera de Canadá Equinox Gold, Greg Smith en donde denuncian que hay una “escalada de tensiones, amenazas de violencia y persecución legal” hacia los integrantes del ejido y sus familias.
Los ejidatarios y la compañía han roto el diálogo y las negociaciones para renovar el acuerdo anual y ahora están recurriendo a la presión de organizaciones para denunciar que sus tierras agrícolas “están prácticamente ocupadas en un cien por ciento por la operación minera”.
También señalan que además de la pérdida de sus tierras cultivables “la comunidad ha denunciado la pérdida irreparable de más de una docena de fuentes de agua, y la contaminación de otras, así como el correspondiente aumento de los impactos a la salud desde que se instaló la mina en 2007”.
En la carta que enviaron al presidente de la compañía, sostienen que convenios de ocupación territorial y de cooperación social “con la comunidad son un requisito legal para que la mina funcione, así también son importantes herramientas de las que dispone la comunidad para compensar los efectos de las pérdidas y daños causados por la mina; estos acuerdos expiran el 31 de marzo de este año”.
Advirtieron que hay “una situación de alta tensión que pone en riesgo la integridad física y psicológica de los pobladores en Carrizalillo. La reciente ruptura de las negociaciones y la negativa de la empresa hasta el momento a responder a las peticiones de la comunidad para que se reajuste las condiciones para continuar negociando está dando lugar a una escalada de amenazas y criminalización contra Carrizalillo”.
Denunciaron que más de una docena de líderes comunitarios, familiares y un asesor de la comunidad “han recibido amenazas de muerte desde finales de febrero” y que los señalan que sería su culpa el cierre de operaciones de la mina.
Indicaron que los funcionarios de la empresa Equinox Gold, André Souza de Amorín y Armando Fausto Ortega hicieron una “visita sorpresa a Carrizalillo el sábado 1 de marzo reiterando la amenaza de que si Carrizalillo se negaba a firmar un acuerdo final con la empresa ese día, la mina cerraría”.
Advirtieron que esa “actuación de sus operadores pueden desembocar en graves actos de violencia física. No es menor que en ese caso, azuzar una confrontación intercomunitaria a través de la campaña de desprestigio que se implementa, la empresa no tome en cuenta el contexto de la violencia sistémica extrema que se enfrenta en el centro de Guerrero, y obvie o no comprenda que el ejido de Carrizalillo ya ha enfrentado el desplazamiento forzado de la mitad de su comunidad en 2015 y más de 60 asesinatos en los últimos 15 años”.
Pidieron a la empresa “a que responda de forma constructiva y respetuosa a las peticiones de Carrizalillo de reanudar las negociaciones sobre los acuerdos de ocupación territorial y de cooperación social. Si, por el contrario, la empresa decide suspender o cerrar la mina, debe entablar conversaciones con la comunidad para determinar los planes de cierre adecuados teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad”, añadieron.
