*También se pronuncia por la aprobación de la Ley Indígena y Afromexicana
Bernardo Torres Morales
Chilpancingo, Guerrero.- Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Montaña exigieron este jueves al Congreso el reconocimiento de la Ley 701 y la aprobación de la Ley Indígena y Afromexicana.
Reclamaron que se restablezcan los derechos que como institución habían logrado hasta 2018 y que tras una reforma a la ley les fueron abogados, pero una resolución de la Suprema Corte de Justicia ordenó se les restituyeran.
Arribaron al recinto Legislativo antes de las 10 de la mañana un grupo de alrededor de 100 policías comunitarios para que se les respete la libre determinación en materia de Educación, Seguridad y Justicia.
Vicente Dircio Nava, Coordinador Regional de la Casa de Justicia de Escalerilla Laguna dijo que desde gobiernos anteriores les han negado derechos que se establecen en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero.
Durante un mitin al exterior del Recinto Legislativo que la Reforma en materia de seguridad de 2022 no les benefició en nada, en las modificaciones no contemplaron el reconocimiento de las acciones de justicia, seguridad y reeducación.
En esta manifestación, participaron policías comunitarios de las Casas de Justicia de Espino Blanco, Escalerilla Laguna, las cuales tienen presencia en 23 localidades de los municipios de Zapotitlán, Atlixtac, Acatepec, Ahuacuotzingo, Olinalá, y Chilapa.
Vicente Dircio destacó que el sistema de seguridad de la CRAC logró desmantelar y detener a una banda dedicada a la venta de la droga denominada «Crystal»; en enero detuvieron a un tratante de blancas.
Hace poco, explicaron que una menor de edad fue vendida a un adulto en una comunidad de la montaña, que por motivos de seguridad no dieron el nombre, pero la niña logró escapar y pidió ayuda de la policía comunitaria que de manera inmediata logró detener al adulto que la compró en 35 mil pesos; por ello afirmaron que su sistema de seguridad es eficaz.
Finalmente indicaron que están solicitando se les permita el uso de armas de mayor fuerza, esto para lograr combatir a los carteles de la delincuencia organizada que operan en las regiones Montaña y Montaña Baja, aunque dicha petición no viene plasmada íntegramente en el documento que buscan entregar al Poder Legislativo.
