Nota: El País
López Obrador asegura que “se está avanzando en detener a los responsables”. El grupo criminal puso en jaque Chilpancingo, la capital de Guerrero, a mediados de julio
El asesinato este martes de Fernando García, jefe de la Fiscalía federal en el Estado de Guerrero, ha sorprendido en México, pese a la ola de violencia que vive la entidad. Sicarios alcanzaron a García el lunes temprano, cuando salía de su casa, en la colonia Cipatli, en el sur de Chilpancingo, la capital. El funcionario viajaba solo, en su camioneta particular, sin escolta. Los pistoleros tirotearon a García, que perdió el control de su vehículo y se estampó contra un inmueble. Al parecer, los asesinos lo remataron cuando este trató de huir a pie. Su cuerpo quedó a unos metros del vehículo.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido al caso este miércoles. “Está la investigación en curso, está actuando la Fiscalía General de la República (FGR), se está avanzando en detener a los responsables, en castigar a quienes cometieron este crimen”, ha dicho el mandatario. “Yo pienso que en unos días más, la FGR va a informar sobre este hecho. No quiero agrandar ninguna hipótesis, prefiero que sea la Fiscalía, que tengo entendido atrajo el caso. Que sean ellos los que den respuesta”, ha añadido.
La misma Fiscalía divulgó ayer un comunicado señalando directamente al grupo criminal Los Ardillos del ataque. La dependencia mencionó varias “líneas de investigación” que podrían estar relacionadas con el atentado. “En este sentido, se logró la detención de dos integrantes de un grupo criminal con presencia en Guerrero, como Jesús “E” y Bernardo “C”; además de Lenin “L” y Paula “C”, miembros de una banda dedicada al secuestro agravado”, dijo la dependencia.
Los primeros dos son Jesús Echeverría y Bernardo Chávez, detenidos a principios de julio en la carretera México – Acapulco, a la altura de Chilpancingo. Al parecer, los dos hombres transportaban armas y droga. Las autoridades buscaban principalmente a Echeverría, que en teoría era parte del cuerpo de comandantes de la UPOEG, antaño una de las redes de policía comunitaria más importantes del Estado. Pero desde hace años, los señalamientos contra integrantes de la UPOEG por su colaboración con grupos criminales, principalmente Los Ardillos, son constantes.
Además de la UPOEG, Echeverría era un líder de transportistas en la zona. Su detención y la de Chávez catalizó una enorme protesta en Chilpancingo a mediados de julio, disfrazada de movimiento social, animada en realidad por el grupo criminal Los Ardillos, según informó entonces el Gobierno federal. Más allá de la detención de Chávez y Echeverría, en el fondo de las protestas yacía una lucha intestina por el control de las rutas de transporte público en Chilpancingo y la región aledaña de la Montaña baja.
En cuanto a los otros dos, se trata de Lenin Locia Reyes y Paula Calderón, comisarios de la comunidad de Petaquillas, situada entre Chilpancingo y Quechultenango, bastión de Los Ardillos. El año pasado, pobladores de Petaquillas retuvieron a militares y policías, en protesta precisamente por los ataques que reciben los vehículos que cubren la ruta entre la comunidad y la capital. La FGR los acusa de secuestro y su mención en el comunicado de ayer sugiere la cercanía entre las autoridades de Petaquillas y Los Ardillos.
El asesinato del delegado Fernando García ha provocado también una discusión sobre el tipo de medidas de seguridad que deben implementar funcionarios que se dediquen al ramo de la seguridad, sobre todo los mandos. En el momento del ataque, García viajaba solo, en un auto normal, sin blindaje. Este miércoles, López Obrador ha dicho: “Hay protección para ellos, siempre. Todos los que trabajan para garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad pública tienen derecho a usar escoltas, a tener protección, son los únicos, porque los servidores públicos, no. Solo en caso de que reciban amenazas. Pero todos los que trabajan en tareas de seguridad tienen protección. Seguramente esto también lo informará la FGR”.
