Nota Francisca Meza Carranza
Fotografías Tlachinollan
Chilpancingo, 25 jul (PlanB).-El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio por terminados sus trabajos en el caso Ayotzinapa porque el ocultamiento y la negación de parte del Estado mexicano los llevó hasta el límite de lo que pueden investigar, sin embargo, en su último periodo lograron conocer la participación de la Secretaría de Marina (Semar), que los normalistas fueron separados en tres grupos diferentes y que Julio César Mondragón Fontes no fue asesinado en Iguala.
En conferencia de prensa este martes fue presentado el sexto y último informe de labores: Hallazgos, Avances, Obstáculos y Pendientes, en el que admitieron que sí se obtuvo información relevante porque se abrieron parte de los archivos de las instituciones, pero indicaron que hay más información clave para avanzar y resolver el caso no fue abierta.
Durante la presentación se mostró un mapa de comunicación celular con el que se demostró que el Ejército mexicano supo desde el principio lo que ocurría en las calles de Iguala, y que hay más de mil llamadas de la población que alertaba al C4 de los hechos, lo cual fue informado a la Policía Municipal en todo momento.
También se menciona que tuvieron conocimiento las policías Federal, ministerial de Guerrero y el extinto Cisen, pues aunque se había informado de este último que su informante se retiró a su casa, se descubrió que no es cierto y ya se tiene identificado.
“El músculo del Estado estaba presente, que actuaron y no protegieron y además saben y sabían lo que pasó. El ocultamiento de esa información ha contribuido no solo a ocultar responsabilidades del Estado sino que se ha constituido en una responsabilidad del Estado “, expresó Carlos Beristain.
Con la apertura de archivos los investigadores descubrieron que la Marina también participó en la construcción de la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique peña Nieto, pues integrantes acudieron al río San Juan en el que se dijo haber encontrado un hueso; también participaron en la tortura que construyó esa verdad.
Otro de los puntos relevantes del informe fue que se logró saber que el cuerpo de Julio César Mondragón Fontes, presuntamente asesinado y torturado en Iguala, fue encontrado en un camino hacia Taxco, sin embargo se desconoce lo que ocurrió con él.
El GIEI informó que los 43 normalistas desaparecidos habrían sido divididos primero en dos grupos y posteriormente en tres; del tercero de estos, de 11 integrantes, se tuvo conocimiento aún octubre, y existe posibilidad de que fue trasladado a Huitzuco e incluso Chilpancingo.
Ocultamiento y negación
Los integrantes del Grupo enfatizaron en repetidas ocasiones que el ocultamiento de archivos oficiales y la negación en declaraciones, principalmente de la Sedena, son los principales obstáculos a los que se enfrenta la investigación.
Ángela Buitrago informó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, los recibió en numerosas ocasiones y estuvo al tanto de los avances y obstáculos que enfrentaban; dijo que gracias a sus gestiones se abrieron parcialmente los archivos que fueron claves para avanzar, sin embargo, no ha sido suficiente.
Dijo que la negativa de las instituciones en su participación no hacen más que mostrar lo evidente y que esa forma de proceder ha obligado a postergar la verdad.
“También afecta la voluntad expresada por el propio Estado, la Presidencia y acaba con la legitimidad de las instituciones”, dijo.
Consideró que para las familias las negaciones son un nuevo impacto psicológico y pone en juego la credibilidad de las instituciones que niegan la verdad.
Carlos Beristain dijo que las respuestas de negación en documentos de la Sedena y Semar son un comportamiento más corporativo que comprometido con la verdad, que es la base de la democracia.
Indicó que el núcleo de las negaciones y mentiras no es fruto de la inercia o de la burocracia institucional sino que tiene la intencionalidad de no aclarar los hechos.
“Demuestra que a pesar de la voluntad política que ha permitido avances, como en este caso, cuando se llega al núcleo de esta verdad se ha tratado de ocultar por parte de altas instituciones del Estado”, indicó.
Dijo que gracias a que se accedió a los archivos de la Marina y se tuvo participación de testigos protegidos se logró un avance.
“Se pudo empezar a quebrar la complicidad, el miedo y el silencio que ha tejido este caso desde hace nueve años. El riesgo que hemos enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable”, expresó.
Para que haya justicia, primero verdad
La última intervención del GIEI en el país será el 26 de julio con la Comisión para la Verdad y la Justicia (Covaj). Aparte los expertos insistieron en que para que haya justicia se tiene que conocer la verdad y que se requiere la independencia de la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones.
Ángela Buitrago expresó que el tema de los testigos protegidos es un gran hoyo negro que existe y que tiene que ser resuelto, pues faltan mecanismos de protección que debe ser garantizada por la Fiscalía para estos.
También dijo que el sistema mexicano debe liberarse del excesivo formalismo y burocracia y generar más acercamiento hacia el humanismo y la dignidad humana.
Asimismo, se hizo la solicitud de protección para los fiscales que han hecho su trabajo en el caso.
Los integrantes del GIEI expresaron que están ampliamente preocupados por la situación de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, por el impacto que han provocado en ellos las falsedades y el ocultamiento.
También el caso de su salud y sus necesidades.
Expresaron que la asistencia humanitaria, en algunos casos, y la reparación integral en su conjunto no son sustitutos ni de la verdad ni de la justicia.
