Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Tlapa, Guerrero.- Este 7 de junio se cumplen 8 años de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz, integrante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de Tlapa. Ese día Policías Federales reprimieron a integrantes de las organizaciones sociales que protestaban por la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En días previos varias organizaciones sociales nacionales y estatales se reunieron en la Normal Rural de Ayotzinapa para analizar las acciones que emprendería el movimiento social en exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes. Allí se acordó que se boicotearían las elecciones en Guerrero. El movimiento popular en Tlapa retomó las tareas y desde el primero de junio empezaron las acciones de movilización contra el proceso electoral. El 5 de junio fueron reprimidos por la policía estatal, porros del PRI y la delincuencia organizada en Tlapa. El profesor Juan Tenorio fue severamente lesionado.
El ambiente político era tenso en esos días. El movimiento no se arredró y continuó las acciones de protesta. Para sofocar a los inconformes el día 6 de junio el gobierno federal envió a cientos de policías federales a Tlapa, el propio Comisario General, Enrique Galindo Cevallos, dirigía el operativo. El día 7 de junio cuando empezaba la jornada electoral en el puente del río Jale fue incendiada una camioneta del INE, que provocó una redada de la Policía Federal que allanó las oficinas de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG) y le detención ilegal de 8 profesores que fueron llevados al 93 batallón de infantería del ejército mexicano y posteriormente trasladado en helicópteros de la Marina a Acapulco.
La detención injusta de los profesores crispó los ánimos y la protesta creció encapsulando a los Policías Federales en la Colonia El Tepeyac. Algunos policías fueron retenidos en la capilla de la colonia y más tarde policías federales y militares rompieron el cerco torturando a varias profesoras y asesinando a Antonio Vivar Díaz, principal dirigente del Movimiento Popular Guerrerense.
La Fiscalía estatal y la entonces Procuraduría General de la República iniciaron las investigaciones. Ambas instituciones realizaron las pesquisas de manera irregular. Varias evidencias y datos de prueba fueron destruidos. Finalmente, la FGR atrajo la indagatoria, pero no ha presentado avances sustantivos.
Las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son claras: a través de varios datos de prueba científicos y testimoniales que recabó ha establecido que Policías Federales que se encontraban dentro de la capilla estaban armados y dispararon contra Antonio Vivar privándolo de la vida, pese a ello, la FGR se niega a seguir estas líneas de investigación y convalidar las indagatorias de la CNDH.
Existen datos de prueba para proceder contra los Policías Federales que asesinaron a Antonio Vivar, pero la FGR se niega a actuar.
Es evidente que la FGR encubre de manera deliberada a los Policías Federales. El actual gobierno es indiferente ante la demanda de justicia para Antonio Vivar, aun cuando el propio presidente de la República tiene pleno conocimiento de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar, nada han hecho para que las familias obtengan justicia. Dicen que ya no reprimen, pero protegen a los represores del pasado.
Por lo anterior, exigimos: se agilicen las investigaciones, se procese y sancione a los policías responsables de la ejecución extrajudicial contra Antonio Vivar, que haya justicia para todos los luchadores sociales asesinados, que cese la criminalización contra la protesta social y la descalificación y hostigamiento contra las organizaciones sociales y de derechos humanos.
