Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos consideran que las investigaciones en el caso Ayotzinapa toparon con el paredón del ejército mexicano, desde que quedó demostrado que los militares participaron directamente en las agresiones contra los jóvenes en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014. Exigieron que se reactiven las órdenes de aprehensión contra los 16 militares.
Este jueves, madres y padres de los 43, junto con sus representantes legales, se reunieron en las oficinas de los Telefonistas en el puerto de Acapulco con organizaciones como el Frente Progresista Guerrerense, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota y el Sindicato de Telefonistas de Acapulco. Vieron necesaria la articulación del movimiento por los 43 ante las intenciones del gobierno federal de cerrar el caso Ayotzinapa.
La reunión se llevó a cabo un día después de que siete policías estatales y dos policías municipales de Huitzuco fueron detenidos. Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres de los 43, señaló que esta acción es parte de 83 órdenes de aprehensión emitidas en agosto del 2022 contra miembros del grupo delictivo de Guerreros Unidos, funcionarios de Guerrero, elementos del ejército mexicano, policía estatal, municipal que participaron en la agresión y desaparición de los estudiantes. A estos 9 policías se les imputa responsabilidad por desaparición, tortura y el asesinato de Julio César Mondragón Fontes, estudiante normalista. La orden la liberó el juez Enrique Beltrán Santes, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
Para Vidulfo Rosales la detención de los 9 policías “es un avance considerable para que accedan a la justicia los familiares de Julio César Mondragón Fontes, abona al esclarecimiento de ese crimen atroz. Sin embargo, no son detenciones de gran calado que coadyuven para saber qué pasó el 26 y 27 de septiembre, ni abona a saber el paradero de los 43, lo que es fundamental para las familias”.
Para el abogado de las madres y padres es el ejército mexicano quien puede esclarecer los hechos y el destino de los estudiantes. Además, “existen personajes clave que también pueden aportar información valiosa, como el Cholo Palacios, jefe de plaza, y contra quien no se ha ejecutado orden de aprehensión, el gobierno debería hacer los esfuerzos para detenerlo; al propio Gildardo López Astudillo tampoco se le ha detenido; otro fugitivo es César Duarte Núñez, director de seguridad pública”, mencionó.
Las madres y padres señalaron que el quiebre de la investigación se dio durante el mes de septiembre del 2022, cuando el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer 83 órdenes de aprehensión, de las cuales 20 eran contra militares, sin embargo, sólo se ejercitaron cuatro, quedando 16 órdenes canceladas sin que las madres y padres fueran notificados. Ante esto, el ahora ex fiscal Omar Gómez envió 38 citatorios al Ejército mexicano, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió a López Obrador solicitar a dicha institución poner a disposición la información que posee, pero hasta el momento no hay una respuesta positiva.
El pasado 22 de febrero las madres y padres tuvieron una reunión con el presidente de la república, en la que reclamaron la reactivación de las 16 órdenes de aprehensión contra militares que fueron canceladas. También “hubo un emplazamiento para que el día 27 de septiembre el presidente tenga que llegar con respuestas claras. Dice el fiscal Rosendo Gómez Piedra y Alejandro Encinas que se necesita tiempo y pruebas para reactivar las órdenes de aprehensión, que hubo una recomendación de asuntos internos de que había una debilidad probatoria contra esos 16 militares, por eso estaban reuniendo pruebas. Eso es totalmente falso, no se necesitan más pruebas para poder reactivarlas porque las órdenes de aprehensión ya las emitió el juez, ya valoró las pruebas que hay”, reveló Vidulfo Rosales.
El abogado explicó que el ministerio público “tiene la facultad de suspender esas órdenes de aprehensión porque así conviene a sus intereses. El ejercicio de la acción penal está hecho, la valoración del juez de la responsabilidad prima facie que tienen estos 16 militares está otorgada. Lo que tendría que hacer la fiscalía en términos técnicos es llevar un documento y decir que se reactivan las órdenes de aprehensión. El fiscal las puede reactivar mañana mismo si quiere. Obviamente no se va a hacer porque es una decisión política, el ejecutivo decidió cancelar esas órdenes de aprehensión porque se afectan los intereses del ejército mexicano, porque el ejército se sintió presionado y está poniendo contra las cuerdas al gobierno federal”.
Las madres y padres han declarado con desesperación la falta de respuestas por parte del presidente de la república porque le tiene más consideración al ejército mexicano. Por eso exigen que la institución castrense ponga a disposición la información que posee y que se reactiven las 16 órdenes de aprehensión contra los militares porque de lo contrario seguirá el punto de quiebre en el caso de Ayotzinapa.
