Nota: El País
*La policía retoma el control de las sedes de los tres poderes y el presidente Lula acusa a su predecesor de estimular la invasión
Brasil.- Miles de radicales seguidores del expresidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, asaltaron este domingo las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo, en Brasilia, exigiendo una intervención militar para echar a Luiz Inácio Lula da Silva, que tomó posesión como presidente del país hace exactamente una semana. Los manifestantes golpistas llegaron al corazón del poder en la capital de Brasil desde el Cuartel General del Ejército, ubicado a nueve kilómetros en línea recta, donde están acampados desde que Bolsonaro perdió las elecciones hace dos meses. Los bolsonaristas, que están convencidos de que les robaron los comicios, superaron las barreras policiales para poder acceder a las sedes del legislativo, el poder judicial y la Presidencia.
La policía ha detenido al menos a 260 personas. Las tres sedes se ubican en torno a la denominada plaza de los Tres Poderes, ideada por Óscar Niemeyer cuando diseñó Brasilia, a finales de los cincuenta.
Los extremistas, en su mayoría con camisetas amarillas y verdes y banderas de Brasil, se niegan a aceptar la victoria de Lula en las elecciones del pasado octubre. El asalto de Brasilia supone un grave desafío para el nuevo presidente, el izquierdista Lula da Silva. Al filo de las siete de la tarde (hora local, cuatro horas más en la España peninsular), la policía había recuperado el control tanto del Tribunal Supremo, como del Congreso y del Palacio de Planalto, sede de la Presidencia. De todos modos, sigue habiendo enfrentamientos entre los agentes y manifestantes en la zona.
El presidente Lula ha ordenado a las seis de la tarde la intervención federal para asumir el control de la seguridad pública en Brasilia y el resto del Distrito Federal hasta el 31 de enero. El objetivo es restaurar el orden, “gravemente comprometido por actos de violencia e invasión de edificios públicos”.
El mandatario ha advertido de que “los vándalos fascistas” que han atacado las sedes de los tres poderes y sus financiadores “serán identificados y castigados”. Lula se ha quejado de que la Policía Militar de Brasilia no ha cumplido su cometido de garantizar la seguridad y proteger las instituciones. También ha acusado a su predecesor, Bolsonaro, de “estimular la invasión de los tres poderes” y de “huir” a EEUU para no colocarle la banda presidencial.
Pasadas las nueve de la noche ha llegado la primera reacción del expresidente Bolsonaro mediante varios tuits: “Las manifestaciones pacíficas, conforme a la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla”, ha afirmado el ultraderechista más de dos horas después de que la policía pusiera fin al asalto. Se refiere a las protestas populares en la recta final del Gobierno de Dilma Rousseff, del partido de Lula, y tras su destitución, cuando algunos manifestantes se pasearon por el tejado del Congreso.
Bolsonaro añade que durante su mandato respetó la ley y repudia lo que describe como “acusaciones, sin pruebas” contra él “por parte del actual jefe del Ejecutivo de Brasil”. Es la primera ocasión en la que reconoce explícitamente el relevo y que Lula es el actual presidente.
Los gobernadores aliados de Bolsonaro habían condenado antes el ataque. Y el Partido Liberal (PL), el de Bolsonaro, ha intentado desvincular al expresidente Bolsonaro de la invasión. “Este movimiento en Brasilia hoy es una vergüenza para todos nosotros y no representa a nuestro partido, no representa a Bolsonaro”, ha declarado en un vídeo el líder del PL, Valdemar Costa Neto. Antes de condenar el asalto, Neto ha elogiado las protestas golpistas ante los cuarteles. Ese doble discurso es similar al mantenido por Bolsonaro en los últimos meses, con condenas puntuales en los momentos más graves pero alabanzas a un movimiento que pide un golpe de Estado.
Los vídeos que circulan por las redes sociales muestran a los asaltantes en el salón de plenos del Congreso, destrozando mobiliario y rompiendo cristales de los edificios modernistas. Las instalaciones del Tribunal Supremo, otro de los grandes objetivos de la ira bolsonarista, han sido ferozmente atacadas. Las imágenes recuerdan poderosamente a las escenas vistas durante el asalto al Capitolio de Washington por parte de seguidores del derrotado Donald Trump, el 6 de enero de 2021.
Son escenas violentas que, por otro lado, contrastan con las del domingo pasado, día de Año Nuevo, cuando cientos de miles de personas acompañaron a Lula en su regreso al poder al frente de una amplia coalición con la misión de restaurar y fortalecer la democracia. Lula firmó esa misma noche los primeros decretos para revertir el legado de Bolsonaro.
Lo ocurrido este domingo en Brasilia es el momento que tanto han temido durante meses los demócratas brasileños porque el ya expresidente Bolsonaro ha mantenido un discurso de ataque sistemático contra el sistema de votación y las autoridades electorales, de manera que tanto el uno como las otras están notablemente desacreditados ante sus seguidores. El líder de la ultraderecha ha alentado las protestas contra el resultado electoral en diversas ocasiones, pero en su discurso de despedida sí que condenó el atentado fallido con explosivos con el que uno de sus seguidores pretendía sembrar el caos y forzar una intervención militar.
Antes de que la invasión a las instituciones brasileñas comenzara, miles de bolsonaristas marcharon a pie por las avenidas de Brasilia acompañados por patrullas policiales, según muestran las imágenes del canal Globo, hasta la plaza donde se ubican las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo. Y hasta la capital habían llegado en las horas anteriores un centenar de autobuses.
Los ataques en el corazón político de Brasil le han pillado al presidente Lula en Araraquara, en el interior de São Paulo, donde visitaba la zona afectada por las fuertes lluvias de los últimos días. Lula ha celebrado una reunión virtual de emergencia con sus ministros de Justicia, de Defensa y de Relaciones Institucionales para analizar el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Cómo gestionar las protestas golpistas frente a los cuarteles ha sido uno de los quebraderos de cabeza a los que se ha enfrentado Lula desde que asumió la presidencia. Su nuevo ministro de Justicia, Flavio Dino, era desde el principio partidario de recurrir a la fuerza si los manifestantes no se dispersaban, mientras el titular de Defensa, José Múcio, abogaba por evitar la confrontación a toda costa.
El ministro de Justicia ha enviado un tuit poco después de la invasión en el que dice: “Este absurdo intento de imponer la voluntad por la fuerza no prevalecerá. El Gobierno del Distrito Federal asegura que habrá refuerzos. Y las fuerzas a nuestra disposición están trabajando. Estoy en la sede del Ministerio de Justicia”. Varios gobernadores también han condenado los actos antidemocráticos protagonizados por los elementos más extremistas del bolsonarismo.
El asalto de Brasilia recuerda al perpetrado en el Capitolio de Estados Unidos hace dos años, con la diferencia de que el Congreso brasileño no está en sesión, solo retomará sus actividades en febrero. El derrotado Bolsonaro está en Estados Unidos, en Orlando, Florida, a donde viajó dos días antes de la toma de posesión de Lula para evitar participar en el solemne relevo.
El área donde se concentran las sedes de los tres poderes del Estado había sido acordonada por las autoridades, pero los manifestantes han logrado superar esas barreras y han entrado en los tres edificios. Las imágenes de redes sociales y de las televisiones les muestran dentro de los inmuebles. Los golpistas han llegado hasta la planta del Palacio de Plananto donde despachan los presidentes de la República. Y algunos de ellos se han enfrentado a la policía legislativa con palos.
Se da la circunstancia de que el secretario estatal de Seguridad del Distrito Federal, donde se ubica Brasilia, es el antiguo ministro de Justicia de Bolsonaro, el policía Anderson Torres, que se encuentra en este momento de viaje en Estados Unidos, según la prensa brasileña. El gobernador del DF, Ibaneis Rocha, que es un aliado de Bolsonaro, ha anunciado tras el asalto la destitución de Torres.
Miles de partidarios del expresidente de extrema derecha llevan dos meses acampados frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, y en otras ciudades desde el día siguiente de las elecciones. Están convencidos de que su líder ganó y que hay una conspiración para arrebatarle la victoria. El resultado de los comicios fue el más reñido de la historia brasileña, Lula venció con un 50,9% de los votos frente al 49,1% de Bolsonaro (dos millones de diferencia, 1,8 puntos).
Los campamentos, que surgieron en infinidad de localidades han ido languideciendo y mermando, pero aún siguen en pie en las principales ciudades. Las autoridades lograron desmontar este viernes el primero de ellos, el de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, el tercer Estado más poblado.
El director para América Latina de la ONG Open Society, Pedro Abramovay, considera que el asalto es “un intento de golpe de Estado, un intento violento de derrocar al Gobierno democráticamente elegido con el apoyo de las fuerzas policiales”, según explica al teléfono. En su opinión, las similitudes entre la invasión en Brasilia y en Washington y que Bolsonaro esté precisamente en Florida no son hechos casuales. Abramovay enfatiza que los participantes en el asalto deben ser castigados: “Brasil debe dejar claro que hay un límite entre el derecho a manifestarse pacíficamente y el intento violento de atentar contra la democracia”.
