*Si realmente queremos un Poder Judicial que represente al pueblo, primero debemos preguntarnos: ¿a qué parte del pueblo estamos dejando fuera desde el primer paso?
Por Miguel Ángel Millán*
* Miguel Ángel Millán es interventor educativo con discapacidad y asesor en tecnología adaptada.
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Si la justicia pretende ser cercana, accesible y al servicio del pueblo, entonces su elección debería ser ejemplo de equidad, Pero, paradójicamente, las próximas elecciones judiciales en México se erigen sobre un acto profundamente excluyente: el Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido no imprimir boletas en sistema Braille, dejando fuera a más de 400 mil personas con ceguera y esto no es un descuido fortuito, es una omisión que perpetúa la marginación histórica que viven las personas con discapacidad visual.
El argumento del INE es tan frío como burocrático: no hay presupuesto ni tiempo. Sin embargo, esta elección ha sido planeada desde hace meses. ¿De verdad no se pudo prever una alternativa viable? ¿Cómo es que un país que presume de avances democráticos no garantiza que toda su ciudadanía pueda votar de forma libre y autónoma? Delegar la responsabilidad en que alguien de confianza acompañe al votante es una solución que huele más a improvisación que a inclusión. Obliga a las personas con discapacidad visual a depender de terceros, cuando el principio democrático debería ser la libertad individual.
Además, el modelo mismo de elección popular de jueces y magistrados es cuestionable si se analiza desde la perspectiva de las minorías. Convertir la impartición de justicia en una competencia de popularidad en un país donde los prejuicios abundan, las campañas se ganan con recursos y visibilidad mediática, y donde las voces más marginadas casi nunca llegan a los grandes reflectores, es peligroso. ¿Qué posibilidades reales tiene una persona indígena, con discapacidad o sin recursos de ser considerada en igualdad de condiciones para ocupar un cargo judicial, cuando la decisión está en manos de una mayoría que no vive su realidad?
La elección popular no garantiza imparcialidad ni competencia técnica, al contrario, puede alimentar los favoritismos y la manipulación electoral. El derecho a la justicia no debería depender de qué tan simpático o mediático sea un candidato, sino de su conocimiento, ética y trayectoria y, en esta lógica de espectáculo electoral, quienes más pierden son precisamente aquellos a quienes la justicia ha ignorado por siglos.
La exclusión de las boletas en Braille no es un simple fallo logístico, es un símbolo de lo que está mal cuando las decisiones se toman sin pensar en los más vulnerables. Lo más grave es que este tipo de omisiones se normalizan. Nos hemos acostumbrado a que las personas con discapacidad se queden fuera de la conversación, de las urnas y de la construcción institucional.
Si realmente queremos un Poder Judicial que represente al pueblo, primero debemos preguntarnos: ¿a qué parte del pueblo estamos dejando fuera desde el primer paso?
Porque mientras no se garantice el voto accesible para todas y todos, cualquier elección que se presuma democrática nacerá con un defecto de origen: el de la exclusión sistemática.
En lugar de seguir aplazando soluciones, el INE debería asumir su responsabilidad y garantizar mecanismos permanentes de participación accesible. La inclusión no puede depender del calendario o de los recortes presupuestales; debe ser una obligación ética y legal.
En este contexto, es legítimo cuestionar si de verdad se está construyendo un sistema de justicia para todos, o sólo para quienes ven, oyen y hablan desde los privilegios. Porque no hay democracia plena sin inclusión plena. Y sin ella, elegir jueces mediante el voto popular no será más que una simulación disfrazada de avance.
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