Las mujeres y niñas indígenas de la Montaña de Guerrero resisten los maltratos y agresiones sistemáticas no sólo de los hombres, sino de las instituciones que deben protegerlas. Afligidas tienen que soportar día y noche la violencia machista. En las comisarías les imponen castigos a sus conductas insumisas y solapan a los agresores. Los comisarios las reprenden por demandar pensión a sus parejas. Sus palabras no valen porque impera la ley de los hombres. Son silenciadas en sus casas, en las comisarías, en las iglesias y hasta en las escuelas. Su osadía la pagan con los golpes, la cárcel y la muerte. En los pisos de tierra, junto al fogón, libran las batallas más cruentas de sus vidas.
En las presidencias municipales son ignoradas. Las síndicas y síndicos no creen en sus testimonios y las obligan a regresar con sus maridos, sin importarles que sus vidas estén en peligro. Los síndicos y abogados son los defensores de los agresores a cambio de dinero. Las obligan a firmar las actas con amenazas de demandarlas y encima les cobran 500 pesos o más, condenándolas a soportar el infierno machista. Las instituciones que deberían proteger sus derechos se esconden tras falacias y una vil simulación que solo sirve para tranquilizar conciencias y justificar acciones mediáticas. El rostro real de las instituciones es el racismo, la discriminación, el autoritarismo, la insensibilidad y la falta de compromiso hacia las mujeres. En los ayuntamientos quedan atrapadas en las garras de la violencia institucionalizada.
La fiscalía regional sigue arrastrando los mismos vicios y carencias: falta de personal con formación en derechos humanos y con perspectiva de género. Desde el 2021 no hay una encargada de la unidad de investigación especializada en feminicidio en la ciudad de Tlapa. Las mujeres que son víctimas de violencia padecen el viacrucis de la discriminación, la vejación y la dilación. Tienen que viajar varias horas para que puedan interponer una denuncia al ministerio público, no creen en su palabra y les dicen que tienen que regresar con sus propios peritos intérpretes y asesores jurídicos por las cargas. No sólo son revictimizadas, sino que las tratan como seres sin dignidad y sin derechos.
Hay reticencias al tipificar el delito de feminicidio, lo califican como homicidio simple, sin tomar en cuenta el contexto ni los antecedentes de violencia. Las irregularidades son frecuentes; la dilación para llegar al lugar de los hechos, se contamina la escena del crimen, no se aseguran los indicios o se pierde evidencia y la carga de la prueba la dejan a los familiares de las víctimas. Después de que los familiares presentan pruebas fehacientes de la responsabilidad del acusado, la fiscalía regional de manera abrupta detiene las investigaciones y pone obstáculos para ejecutar las órdenes de aprehensión. Muchos casos siguen impunes, porque los perpetradores se pasean sin temor a ser detenidos.
En el proceso judicial los jueces y juezas son insensibles, las tratan con desprecio y prepotencia. Hacen una valoración de prueba incorrecta que no considera que la violencia ocurre en el seno del hogar donde difícilmente habrá pruebas directas como testigos y documentos.
La Fiscalía de Guerrero tiene un gran problema en los juicios. Diversidad de peritos y policías no se presentan a juicio porque fueron despedidos o renunciaron, y muchas veces corre por cuenta de los familiares y las víctimas presentarlos. Algunos peritos cobran 12 mil pesos por ir a juicio y las mujeres con el fin de acceder a la justicia se ven orilladas a pagar so pena de perder el caso.
Por otra parte, el titular de la fiscalía especializada en atención a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en lugar de realizar investigaciones profesionales para proteger los derechos de las mujeres y niñas indígenas se coloca al lado de los hombres violentos. Hemos documentado que el fiscal asume posturas contrarias a su mandato jurídico. Abusando de sus funciones envía oficios resaltando que se trata de una notificación urgente dirigido a las mujeres, para que se presenten a su oficina, advirtiéndoles que en caso de que no acudan procederá conforme a derecho.
Lo paradójico de estas actuaciones deleznables de los funcionarios es que la gobernadora salga en defensa de las instituciones del estado que han dejado en la indefensión a las mujeres y niñas indígenas. Lo más cruel es que en las instituciones del estado; en la fiscalía regional, en el ministerio publico especializado en delitos sexuales, los ayuntamientos municipales y en las mismas comisarías las mujeres sufren el escarnio, son tratadas como moneda de cambio, son revictimizadas, maltratadas y obligadas a resignarse a padecer el calvario de la violencia. En los hechos las instituciones del estado no protegen los derechos de las mujeres, sus discursos sólo cubren las falencias de una política que no toma en cuenta el sentir de las mujeres.
Las mujeres indígenas enfrentan una lucha desigual desde su hogar en las comunidades precarizadas hasta en los surcos del capital agroindustrial. Abandonadas por el marido sacan adelante a sus hijos, trabajan triple jornada para que nunca falte la tortilla. Su temple como mujeres que sueñan con una vida digna las ha llevado a exigir que las instituciones del estado cumplan con su responsabilidad de proteger sus derechos. Lamentablemente no se cuentan con asesoras jurídicas que les den confianza, tampoco hay peritos intérpretes; no existen refugios seguros y apropiados para huir de sus domicilios y ponerse a salvo como parte de las medidas de protección y prevención a que está obligado el Estado para evitar hechos de violencia extrema.
Ante estos problemas añejos que arrastran las instituciones del estado, las mujeres indígenas no se arredran, nunca sucumben, caminan siempre cuesta arriba, tienen la certeza de que alcanzarán la justicia. En el Día Internacional de la Mujer en la Montaña de Guerrero hay un gran abismo entre las mujeres y niñas indígenas que luchan contra la pobreza y la violencia con los gobiernos racistas que imponen su visión etnocéntrica que solo profundizan la desigualdad y la exclusión social.
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
