Chilpancingo, Gro., 25 de septiembre de 2024.- Diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron este miércoles la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, figurando entre los primeros 17 congresos locales requeridos para su publicación.
La dictaminación de dicha minuta turnada por el Senado de la República estuvo a cargo la diputada Araceli Ocampo Manzanares, presidenta de la Comisión Especial; el diputado Arturo Álvarez Angli, secretario, y las diputadas Ma. del Pilar Vadillo Ruiz, Leticia Mosso Hernández y el diputado Robell Urióstegui Patiño como vocales.
Destaca en el documento aprobado que estos cambios constitucionales tienen como objetivo fortalecer las capacidades institucionales para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la vigencia del Estado de derecho, así como el goce efectivo de los derechos humanos.
Otras adecuaciones implican que, en tiempo de paz, ningún miembro del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna, y define que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil.
De la misma forma, estipula que a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, le corresponderá la persecución de los delitos sujeta al Ministerio Público, y que sus funciones se deben limitar a las que le atribuye la Constitución y sus leyes.
Las reformas aseguran también la continuidad de la Guardia Nacional, tendente a salvaguardar la integridad y los derechos de las y los mexicanos, así como la convivencia, el orden y la paz nacional, garantizando la supervisión puntual de su desempeño en tareas de seguridad pública, y propiciando que éste se haga con estricto apego a los derechos humanos.
Se establece también que el (la) presidente de la República nombrará a los mandos superiores y demás oficiales de la Guardia Nacional, como coroneles y oficiales superiores, mismos que serán aprobados por la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.
De esta manera, se busca dotar al Estado de una fuerza de seguridad pública nacional disciplinada y profesional, capaz de enfrentar los desafíos del crimen organizado y otras amenazas a la seguridad, y enfatiza, por último, que su creación e integración en el marco constitucional es una medida justificada para proteger a la población y garantizar la paz pública en todo el territorio nacional.
Razonaron sus votos a favor del dictamen el diputado Édgar Ventura de la Cruz (PT), el diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) y la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena).
Por otro lado, razonaron sus respectivos votos en contra la diputada María Irene Montiel Servín (PAN), la diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC), el diputado Robell Urióstegui Patiño (PRD) y la diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI).
Reforma constitucional sobre pueblos indígenas y afromexicanos
En la sesión de Pleno de este miércoles, el Congreso de Guerrero se colocó entre las primeras legislaturas estatales que aprueban por unanimidad la minuta de reforma en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos enviada por el Congreso de la Unión.
El documento aprobado señala que el objetivo principal de la reforma es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Agrega que también podrán aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
Además, elegir de acuerdo con sus sistemas normativos a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que tanto mujeres como hombres disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, y acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados.
De la misma forma, se promoverán el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la Nación, así como una política lingüística multilingüe que permita su uso en los espacios públicos y en los privados que correspondan.
Asimismo, para fortalecer su participación y representación política, se elegirán en los municipios con población indígena representantes en los ayuntamientos, de acuerdo con los principios de paridad de género y pluriculturalidad, conforme a las normas aplicables.
Mientras que las autoridades tendrán la obligación de impulsar el desarrollo comunitario y regional de los pueblos y comunidades indígenas, para mejorar sus condiciones de vida y bienestar común, mediante planes de desarrollo que fortalezcan sus economías, así como garantizar y fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe, mediante la alfabetización y la educación en todos los niveles, gratuita, integral y con pertenencia cultural y lingüística.
Entre otras disposiciones legales, esta reforma abre paso al desarrollo integral y el fortalecimiento de la autonomía de los pueblos originarios, respetando sus normas, usos, costumbres y cultura, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos.
La Comisión Especial creada para el efecto estuvo presidida por la diputada Catalina Apolinar Santiago, integrada también por la diputada Obdulia Naranjo Cabrera como secretaria, y como vocales las diputadas Beatriz Vélez Núñez, Claudia Sierra Pérez y el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez.
Razonaron su voto a favor del dictamen la diputada María Irene Montiel Servín (PAN), el diputado Julián López Galeana (MC), la diputada Erika Isabel Guillén Román (PRD), el diputado Pánfilo Sánchez Almazán (PT), Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM), la diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI) y el diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena).
